TEXTOS DE ESTUDIO

Esta obra tiene por objeto el estudio del régimen de responsabilidad decenal del arquitecto, ingeniero, constructor y empresario previsto por el artículo 1844 del Código Civil tras la modificación de la Ley n.º 19.726 de 21 de diciembre de 2018.

"La tecnología es la agrupación sistemáticamente ordenada de conocimientos y técnicas, que se estudian, teorizan y ejecutan para hallar la solución a determinadas situaciones prácticas. La neurotecnología ha impulsado el surgimiento de diversos instrumentos aplicables en todos los campos de la vida humana. En ello es fundamental el desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial y la algoritmia. En este caso, a los neurojuristas nos interesa especialmente su disrupción constante, para una regulación inteligente que se realice en beneficio de la humanidad. Para ello deben seguirse diversos criterios y principios, pero especialmente, que la ética y el ser humano se encuentren primero. Así han surgido, y siguen surgiendo, diversos neuroderechos y neurodeberes, como el respeto integral a la intimidad mental, la propiedad de los neurodatos, el libre albedrío, etc. Su regulación nos adentra en los derechos humanos evolucionados contemporáneamente, y también en las garantías fundamentales de los mismos. Quienes me conocen personalmente, o por mis múltiples conferencias o trabajos, saben que es mi característica ser un autor realista, es decir, que ve la realidad de lo que sucede en la práctica. No somos solo teóricos de medianoche, aunque conocemos muy bien la teoría pura como juristas, publicistas, especialistas en legaltech y neurojuristas. Es un hecho que la tecnología siempre debe estar al servicio del ser humano y, por tanto, el desarrollo científico y tecnológico se debe llevar a cabo con respeto a la vida y la integridad física y psíquica de las personas. Por tanto, en la lectura de esta obra, por lo menos, lo introduciré al conocimiento del Arte Real del instituto que nos convoca."

Nos complace presentar la segunda edición actualizada y ampliada del libro Responsabilidad civil de los funcionarios públicos, una renovada edición de lo que originalmente fuera la monografía presentada por el aspirante a profesor adscripto de Derecho Público II, Ricardo Santana Rodríguez, Dr. en Derecho y Ciencias Sociales, Escribano Público y Juez Letrado de Trabajo. El Tribunal integrado por los profesores Doctores Carlos E. Delpiazzo, Augusto Durán Martínez y Felipe Rotondo Tornaría, entendió en su oportunidad: «se considera por unanimidad que el trabajo examinado constituye un valioso aporte en la medida que contiene un exhaustivo análisis del tema propuesto, maneja una abundante bibliografía y alcanza conclusiones consistentes con las premisas propuestas. En su mérito se resuelve aprobar la indicada monografía (…) calificándola con Muy Bueno Sobresaliente y recomendando su publicación». La presente edición actualiza y amplía el contenido de la primera edición, incorporando los últimos desarrollos doctrinales y jurisprudenciales en materia de responsabilidad civil de los funcionarios públicos. El Dr. Santana Rodríguez es un reconocido especialista en derecho público, con una amplia experiencia en la docencia y la práctica profesional. Su obra es una contribución fundamental para el estudio de la responsabilidad civil de los funcionarios públicos, y constituye una herramienta práctica indispensable para la comunidad jurídica, magistrados, abogados y estudiantes.

La obra está destinada al análisis conceptual y práctico de la persona como elemento medular del Derecho privado. Como no puede ser de otra manera, la base fundamental del estudio, en cuanto a la faceta normativa, se sitúa en los arts. 21 a 459 del CCU, que componen el Libro primero de este cuerpo legal y que se denomina precisamente «De las personas». Sin embargo, no pueden ser ajenos a la indagación ciertos preceptos de rango constitucional, variados tratados internacionales que han sido ratificados por el Estado uruguayo y diversas leyes que complementan, o directamente modifican, el sistema normativo que aglutina aquel bloque civil.

La obra configura un manual y como indica el sentido de esta palabra en el diccionario se trata de un libro en donde se compendia lo más sustancial de la materia. En este segundo tomo se analizan los contratos comerciales. Las generalidades de la contratación comercial, el uso de cláusulas de adhesión, los elementos característicos a la contratación digital o electrónica incluyendo los contratos inteligentes que aparecen en nuestro horizonte. Luego la compraventa comercial y sus diferencias con la civil con especial análisis de la compraventa internacional y sus términos; el mandato; la comisión y el contrato estimatorio. Posteriormente los contratos vinculados a la distribución comercial y los asociativos tanto los previstos en la ley de sociedades comerciales como los innominados. El contrato de seguro y sus modalidades. El contrato de transporte en sus modos terrestre, aéreo, multimodal y marítimo. El fideicomiso, destacándose el financiero. Finalmente un análisis del régimen legal de la intermediación financiera, sus instituciones y los denominados contratos bancarios. Tanto los tradicionales como los contratos financieros de más reciente surgimiento. A ello se suma el estudio del mercado de valores, la Bolsa, los valores emitidos en oferta pública, la Ley de Mercado de Valores y las diferentes operaciones bursátiles.

La obra configura un manual y como indica el sentido de esta palabra en el diccionario se trata de un libro en donde se compendia lo más sustancial de la materia. Como primer tomo configura el tratamiento del inicio y principales temas que involucran todo comienzo de un estudio de la materia jurídica mercantil. El origen y desarrollo del derecho mercantil. Analizado no solo históricamente sino también incorporando un análisis evolutivo desde la economía. A ello sigue el examen de la materia mercantil y puntualmente de los actos de comercio procurando acercar ejemplos y las principales cuestiones que la doctrina tradicionalmente ha abordado en esta temática. En relación con los sujetos del mundo mercantil el comerciante, hoy devenido en empresario con sus notas características, sus derechos y obligaciones. Con ello un análisis básico de la contabilidad y de los estados contables como expresión de la actividad mercantil para beneficio del futuro abogado o escribano. Este examen se completa con la consideración de los diferentes auxiliares de comercio tanto los tradicionales mencionados en el Código de Comercio como los de surgimiento posterior. En suma, los actuales. El comerciante actúa en el mercado y en el mismo lo hace en competencia. De allí la necesidad de analizar el marco legal de la defensa de la competencia con sus conductas anticompetitivas sancionadas y también de las normas vinculadas con la concurrencia desleal entre comerciantes. Un marco jurídico que para ser completo requiere del examen de la normativa sobre el derecho del consumo en su incidencia con el comercio. Finalmente un examen de los bienes que integran especialmente el derecho comercial. La propiedad industrial y el establecimiento comercial. En el primer caso el análisis de las marcas, del nombre comercial, de las denominaciones de origen y geográficas, las patentes de invención, los modelos de utilidad y de diseño industrial. Con relación al establecimiento comercial se considera su naturaleza jurídica y los elementos que lo integran. El valor llave y la clientela. La enajenación del establecimiento comercial a través de los diferentes pasos que indica la ley. Y no menormente importante la cuestión de la venta de activos individuales y cuándo comprende al establecimiento comercial.

El Derecho Colectivo uruguayo se ha caracterizado por su ausencia de regulación. Sin embargo, a partir de la sanción de la Ley 17940 (libertad sindical), se han ido introduciendo diversas disposiciones que, de alguna manera, contribuyen a modificar esa calificación. Las leyes de negociación colectiva, la LUC en lo referente al derecho de huelga y ahora la Ley 20127, entre otras, son los ejemplos más notorios. A partir de la sanción de esta última norma, se crea un registro “voluntario”, en el cual, aquellas organizaciones gremiales que se inscriban, obtendrán la personería jurídica. De esta forma, las organizaciones de trabajadores y empleadores “aparentemente” verán facilitada la obtención de su personería. En esta obra, se analizan el contenido de la mencionada ley y sus eventuales aciertos y errores, algunos de los cuales, a juicio del autor, contravienen disposiciones constitucionales y algunos aspectos de los Convenios Internacionales de Trabajo nro. 87, 98, 151 y 154.

El Derecho Diplomático y Consular (DDyC) regula y encausa a la diplomacia. Es la rama más formal y aparentemente “la más social y poco profunda” del Derecho Internacional Público (DIP). Esta es la apariencia; la realidad es otra. Las reglas socio políticas desde las cuales se inicia y desarrolla esta rama del DIP son las primeras de “carácter internacional” que existen en la humanidad y son el sustento imprescindible y, dada la naturaleza humana, también ineludible, para que exista cualquier tipo de relación internacional pacífica, en estado civilizado y de cooperación. El respeto de la vida y seguridad de los enviados (diplomáticos), su inviolabilidad, siempre se consideró sagrada y así se registra desde los archivos del Tell-al-Amarna, de los farones del siglo XIV a.C. en adelante. Esta es la importancia y trascendencia de esta rama del DIP. Sin reglas antes y ahora sin normas, que se cumplan y aseguren la integridad del negociador, aunque vaya y se reúnan con el enemigo, no habrá negociadores; sin éstos no hay negociaciones; y sin ellas no existe posibilidad de relación pacífica entre grupos (Estados); solo el enfrentamiento armado regulará sus jerarquías; y con las actuales armas de destrucción masiva, el resultado sólo puede ser uno: la destrucción de la civilización o su retroceso en siglos. En el marco de las relaciones internacionales, quién no valore y procure conocer y aplicar las normas del DDyC, no puede decir que es un pacifista. Los autores concretaron este tratado considerando la incidencia e importancia de la diplomacia en la época posmoderna. En él se abordan todos los temas que comprende la disciplina y se analizan tanto el derecho consuetudinario que subsiste, como las cuatro grandes Convenciones mundiales que regulan todos los sectores de la diplomacia, también los tratados regionales interamericanos y algunas disposiciones internas de interés. En el Tomo I del Tratado se analizan: el ámbito de actividades que abarca y regula el DDyC y su ubicación dentro del DIP: la evolución histórica de la disciplina y las especificidades de la mismo: sus principios rectores, las instituciones que abarca y las especiales características de dicha rama del DIP. Luego se analizan los órganos de expresión de las relaciones internacionales, entrando en el análisis específico de las misiones diplomáticas y las oficinas consulares, abarcando el estudio de las funciones, competencias y alcance de sus actividades, los locales donde desarrollan sus actividades y el amparo que se les debe. Posteriormente, se prosigue con el análisis del personal que desarrolla dichas actividades, tanto como agente diplomático o funcionario consular y como personal administrativo, técnico o de servicio, estudiando específicamente las categorías de cada uno de ellos y las funciones que desempeñan, sus obligaciones y los amparos y prerrogativas que poseen.

El Derecho Diplomático y Consular (DDyC) regula y encausa a la diplomacia. Es la rama más formal y aparentemente “la más social y poco profunda” del Derecho Internacional Público (DIP). Esta es la apariencia; la realidad es otra. Las reglas socio políticas desde las cuales se inicia y desarrolla esta rama del DIP son las primeras de “carácter internacional” que existen en la humanidad y son el sustento imprescindible y, dada la naturaleza humana, también ineludible, para que exista cualquier tipo de relación internacional pacífica, en estado civilizado y de cooperación. El respeto de la vida y seguridad de los enviados (diplomáticos), su inviolabilidad, siempre se consideró sagrada y así se registra desde los archivos del Tell-al-Amarna, de los farones del siglo XIV a.C. en adelante. Esta es la importancia y trascendencia de esta rama del DIP. Sin reglas antes y ahora sin normas, que se cumplan y aseguren la integridad del negociador, aunque vaya y se reúnan con el enemigo, no habrá negociadores; sin éstos no hay negociaciones; y sin ellas no existe posibilidad de relación pacífica entre grupos (Estados); solo el enfrentamiento armado regulará sus jerarquías; y con las actuales armas de destrucción masiva, el resultado sólo puede ser uno: la destrucción de la civilización o su retroceso en siglos. En el marco de las relaciones internacionales, quién no valore y procure conocer y aplicar las normas del DDyC, no puede decir que es un pacifista. Los autores concretaron este tratado considerando la incidencia e importancia de la diplomacia en la época posmoderna. En él se abordan todos los temas que comprende la disciplina y se analizan tanto el derecho consuetudinario que subsiste, como las cuatro grandes Convenciones mundiales que regulan todos los sectores de la diplomacia, también los tratados regionales interamericanos y algunas disposiciones internas de interés. En el Tomo II del Tratado, los autores analizan el protocolo y ceremonial en el ámbito diplomático, comprendiendo el ceremonial de Estado, diplomático y de cancillería; también el protocolo y ceremonial en el ámbito privado. Se enfoca luego el análisis del DDyC en el ámbito de las Organizaciones Internacionales de alcance universal y regional y la situación jurídica de los funcionarios internacionales. Posteriormente, se realiza el relevamiento y estudio de casos prácticos que puedan resultar de interés para el lector, culminando con el proceso de codificación del DDyC. Finalmente, se culminar una obra de autores Iberoamericanos con el estudio del asilo diplomático, instituto de protección de los derechos humanos, reconocido, respetado y practicado en esta región, cuya aplicación se concreta en los locales de las misiones diplomáticas o dentro de las residencias de los jefes de misión.

Apenas aprobada la ley 20141, el Instituto de Derecho Civil Salas I y IV de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, decidió realizar esta obra, que consta de 17 capítulos y en la que intervienen la mayoría de los docentes de dicho Instituto, en calidades de autores o colaboradores. La obra fue coordinada por la Directora del citado Instituto Prof. Beatriz Ramos Cabanellas y colaboraron en la coordinación los Dres. Gonzalo Trobo, Horacio Bagnasco, Pablo Arana, Guillermina Berriel y Olga Tallac. El Instituto de Derecho Civil Salas I y IV integra el Área de Derecho Privado y está integrado por los docentes que imparten las unidades curriculares de 1) Personas, 2) Bienes, 3) Minoridad, Adolescencia y Familia, 4) Derecho de Familia Personal y Patrimonial, 5) Derecho de las Sucesiones, 6) Taller de sucesiones.

El presente tomo continúa con la realización Curso de Derechos Humanos de los que ya se han publicado los tomos I y II, buscando cumplir con el rol pedagógico correspondiente a la educación de grado para estudiantes de Derecho y en general de Ciencias Sociales con el objetivo de desarrollar los conocimientos esenciales en la materia y motivar la profundización de los mismos en estudios posteriores. Este libro está dedicado a comenzar el tratamiento de los derechos y garantías en particular, comenzando por un análisis de los principios establecidos en el artículo 7 de nuestra Constitución, así como en general, en los primeros artículos de todos los tratados generales de Derechos Humanos. En ese sentido, y partiendo de la base de que corresponde primeramente analizar los derechos básicos, como principios rectores que se materializan en un desarrollo posterior en forma específica de la realización de estos derechos a través de las garantías y pautas rectoras que orientadas por la doctrina y la jurisprudencia, constituirán el fundamento de la normativa interna y de las políticas públicas, para la satisfacción y cumplimiento de los derechos. Entre ellos, nos hemos centrado en particular en el derecho a la vida, la integridad física, la seguridad y el debido proceso, analizando al mismo tiempo algunos de los aspectos que han requerido normativas especiales de protección, dada la gravedad de la violación a los derechos humanos, en particular en los delitos de Lesa Humanidad, tales como el genocidio, los crímenes de guerra y el terrorismo de Estado, y también la situaciones más complejas en que la evolución de la sociedad encuentra dificultades para conciliar los derechos en conflicto que en determinadas situaciones fácticas, involucran distintas posiciones políticas ideológicas o religiosas dentro de la sociedad, y que aún constituyen motivo de disputa sobre dónde debe considerarse efectiva la realización del derecho, temas tales como el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, el negacionismo, etc. Como en el tomo anterior han participado otros docentes de la materia, e integrantes del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Udelar, cumpliendo con el objetivo que oportunamente nos propusimos al comenzar este curso, de incorporar distintas visiones que pudieran aportar mayor amplitud y profundidad en los temas específicos que consideramos necesario tratar para una formación integral y actualizada de los estudiantes, así como de los lectores que quieran abordar una mirada más integral de estos temas.

Este trabajo versa sobre la enajenación de establecimiento comercial a una sociedad comercial, destacando la situación de los acreedores, tanto del propietario del establecimiento como de la sociedad en cuestión. Es sabido que el establecimiento comercial es un bien complejo compuesto de diversos elementos, y con un potencial pasivo. Su enajenación provoca que la adquirente —en el caso la sociedad— sea responsable solidaria de los créditos correspondientes a los acreedores que se presenten al llamado previsto en la Ley N.º 2904, como los que surjan de los libros de la sociedad. En ese sentido, lo que se plantea es que el aporte de establecimiento comercial a una sociedad, principalmente durante la vida social cuando la sociedad ya cuenta con activo y pasivo, genera una confusión patrimonial; esto es, a los acreedores de la sociedad se le suman los acreedores del propietario del establecimiento, quienes en virtud de la enajenación y si se presentan al emplazamiento referido o surgen de los libros, podrán perseguir los bienes de la sociedad que hasta ese momento eran garantía solamente para los acreedores sociales, debido a la solidaridad que la ley le impone. De otra parte, los acreedores del establecimiento también pueden verse perjudicados dado que el establecimiento comercial que era su garantía será compartido con los acreedores sociales. Se analizan algunos institutos regulados por la Ley de sociedades N.º 16.060 que prevén un llamado a los acreedores involucrados, para que puedan oponerse cuando se producen cambios sustanciales en la estructura social, como sucede en la fusión, y en la escisión-fusión; o incluso en otras circunstancias en las cuales también se producen cambios, como es en el caso de la transformación o la reducción voluntaria de capital. La conclusión a que se llega en este trabajo es que la protección a los acreedores es un principio general de nuestro derecho, y por ende, los acreedores de la sociedad y los acreedores del propietario del establecimiento deben tener una instancia de oposición a la transferencia mencionada. Si no es así, el aporte de establecimiento comercial será inoponible tanto para unos como para otros. Es decir, cada uno de ellos podrá perseguir prioritariamente respecto a los otros, los bienes que hasta el momento eran garantía de sus créditos.

La Ley N.° 20.130, de 2 de mayo de 2023 es un hito en el proceso de la seguridad social nacional. Crea un sistema previsional común al que convergerán todas las entidades existentes. Aborda la problemática de sostenibilidad, dando viabilidad de mediano y largo plazo al sistema ante los desafíos de la demografía y el mundo del trabajo, al tiempo de mantener las virtudes de cobertura poblacional y nivel de beneficios caracerísticos de nuestro sistema previsional. La norma es el resultado de la mejor evidencia disponible y su valoración técnica, seguida del proceso de formación de voluntad política, en el marco de un amplio y profundo proceso diálogo social estructurado conforme al mandato legal establecido en los artículos 393 y siguientes de la Ley N.º 19.899, de 9 de julio de 2020. Este trabajo está escrito básicamente desde la perspectiva jurídica, aunque no elude otras dada la interdisciplinariedad propia de la seguridad social. De igual forma, el abordaje jurídico en seguridad social requiere perspectivas que vienen otras ramas del derecho, tales como como Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho del Trabajo, Derecho Administrativo, Derecho Procesal y Derecho Tributario. Cada disciplina jurídica en la aplicación e interpretación de la norma de seguridad social adquiere rasgos específicos en la interacción con las demás. El análisis lógico – sistemático de la ley incorpora la historia del proceso de reforma y la inserción de la nueva norma en el ordenamiento jurídico preexistente. Con la presente obra se pone a disposición un material que facilitará la comprensión de una reforma legislativa de trascendencia para toda la sociedad y las generaciones futuras.

Open Day’s topic-based approach connects issues about social responsibility, citizenship, and environmental awareness, challenging children to develop their critical thinking skills. The series’ Good Buddies characters accompany the students in their language-learning adventures and introduce us to different critically-endangered animals from around the world! Through their growing awareness of these threatened species, and inspiring nature videos, the children learn empathy, motivating them to grow into thoughtful, compassionate teenagers and adults who care about the world we live in and our responsibility for it and for each other.

Open Day’s topic-based approach connects issues about social responsibility, citizenship, and environmental awareness, challenging children to develop their critical thinking skills. The series’ Good Buddies characters accompany the students in their language-learning adventures and introduce us to different critically-endangered animals from around the world! Through their growing awareness of these threatened species, and inspiring nature videos, the children learn empathy, motivating them to grow into thoughtful, compassionate teenagers and adults who care about the world we live in and our responsibility for it and for each other.

Open Day’s topic-based approach connects issues about social responsibility, citizenship, and environmental awareness, challenging children to develop their critical thinking skills. The series’ Good Buddies characters accompany the students in their language-learning adventures and introduce us to different critically-endangered animals from around the world! Through their growing awareness of these threatened species, and inspiring nature videos, the children learn empathy, motivating them to grow into thoughtful, compassionate teenagers and adults who care about the world we live in and our responsibility for it and for each other.

El presente Manual desarrolla el Programa de “Derecho Informático e Informática Jurídica I” para las carreras de Abogacía y Notariado, Plan Nuevo 2016, Facultad de Derecho (Universidad de la República O. del Uruguay). Sus tres primeros capítulos, responden a la necesidad de conocer los elementos técnicos y sociales básicos y previos que permitan luego comprender a carta cabal las centralidades propias de nuestras disciplinas. Es bajo ese presupuesto que se desarrollan los conceptos atinentes a “La sociedad de la información y el conocimiento” (Capítulo 1, Laura Nahabetian Brunet); “La gobernanza de Internet” (Capítulo 2, Beatriz Acosta Rodríguez); “Telecomunicaciones y convergencia tecnológica (Capítulo 3, Carlos E. Delpiazzo). Los tres capítulos siguientes se ocupan de la llamada “informática jurídica stricto sensu, vale decir de los aportes de las tecnologías de información y comunicación, ciencias y técnicas afines, a los distintos quehaceres y espacios de actividad típicamente jurídica. Aquí aparecen “Introducción a la Informática Jurídica” (Capítulo 4, Ana Brian Nougrères), “Informática Jurídica documental (Capítulo 5, Bárbara Muracciole y Flavia Baladán), e “Informática Jurídica de gestión y decisoria (Capítulo 6, Sabina Barone). Finalmente, y siguiendo siempre el orden del Programa oficial vigente de la materia, se ingresa al desarrollo de temáticas regulatorias, propias como tal de lo que tradicionalmente se ha conocido como Derecho Informático. A saber, “Introducción al Derecho Informático (Capítulo 7, Nicolás Antúnez), “Derechos inmateriales, informática y derechos patrimoniales” (Capítulo 8, Rafael Orique, Fabrizio Messano y María Luisa Tosi), y “Sujetos del ciberespacio” (Capítulo 9, Marcelo Bauzá). El Manual incluye textos “Anexos” de valía pedagógica y cognoscitiva, en línea con seguir volcando aportes para una mejor comprensión y dominio de una disciplina, por naturaleza, en constante y rápida evolución y renovaciones. Los títulos de estos “Anexos” son “Estado actual de la Legimática” (Ana Brian Nougrères), “Uso de las tecnologías en la enseñanza del derecho” (Marcelo Bauzá), “Tratamiento jurídico de los números IP con especial referencia al área de América Latina y el Caribe” (Carlos E. Delpiazzo y Eduardo Jiménez de Aréchaga), “Redes sociales y democracia de la política 2.0. (Laura Nahabetian Brunet), “¿Quo vadis ‘derecho digital’? Reflexiones de un novel setentón” (Marcelo Bauzá).

Presentamos la tercera edición actualizada y ampliada de una obra que estudia en profundidad el conjunto de normas que rigen la solución por vía jurisdiccional de los litigios administrativos; de aquellas controversias con la administración, contra actos o vías de hecho de esta, que lesionen los derechos subjetivos de uno o más particulares. De su contenido destacamos: el análisis de los contenciosos de Derecho Público, la definición de contencioso administrativo de anulación, los sujetos del contencioso anulatorio, su objeto y los requisitos de admisibilidad de la acción de nulidad así como la legitimación activa para presentar la acción de nulidad. Se examina el agotamiento de la vía administrativa y las peticiones de los artículos 30 y 318 de la Constitución. Se estudian los recursos administrativos, el esquema para el agotamiento de la vía administrativa, los plazos para presentar la acción de nulidad con relación al recurrente y al tercero. Se distinguen las causales de nulidad, el procedimiento, los modos de finalizar el proceso anulatorio así como los efectos de la sentencia definitiva y la ejecución de la sentencia anulatoria. Asimismo, se examina el contencioso administrativo de reparación patrimonial, la relación entre la acción anulatoria y la acción reparatoria. Finalmente, se presenta el contencioso interadministrativo, con una evaluación del sistema y cierra con el contencioso administrativo francés. Se incorpora una sustancial bibliografía destacándose, además, los esquemas y cuadros que constituyen, sin duda, valiosísimas herramientas para facilitar la comprensión de los temas tratados que el prestigioso autor Profesor Dr. Durán Martínez ha creado especialmente para todos quienes desean estudiar y comprender el Contencioso Administrativo

La tentación de dejar fluir las propias ideas está siempre presente, pero el prologuista no debe olvidar para qué se le concedió el uso de la pluma. Sin embargo, en este caso, ese fluir de ideas fue inspirado en la lectura del libro de Jenifer Alfaro y Rosa Poziomek. Al transcurrir las páginas me fui poniendo en los distintos roles de sus destinatarios. Como estudiante hubiera agradecido un libro tan claro y explicativo sobre una materia tan extremadamente compleja: hubiera apreciado cómo poder entender la dinámica de la persona jurídica societaria, su mecánica de funcionamiento, de formación y expresión de su voluntad. Como profesional no especializado hubiera encontrado la guía para establecer qué puede hacerse y qué no. Como profesional de ciencias económicas, hubiera encontrado el sustento jurídico que me ayude a ejecutar las tareas de mi propia especialidad. Más aún: sin ser este libro una monografía académica con pretensiones de terciar en las numerosas polémicas del derecho societario, sobre variados puntos expresa las fundadas opiniones de las autoras (incluso, a veces divergentes entre sí). En todo caso, en el libro el lector encontrará referencia a las disidencias interpretativas que existen sobre diversas normas e institutos. No es misión del prologuista dar cuenta del contenido del libro (para eso está el índice). Pero sí me importa destacar algunos puntos que lo hacen de interés y valor. El primero de ellos es la metodología: no es una ley comentada, sino un libro que explica los institutos y aspectos involucra dos con un orden lógico. A menudo, no siempre, las leyes comentadas incurren en el pecado de no ser mucho más que la seca repetición de cada artículo, expresando lo mismo con otras palabras y, sobre todo, de carecer de la flexibilidad para establecer las vinculaciones necesarias que sirvan a la comprensión del real significado de las normas. Bienvenida, pues, la obra como desarrollo de la materia”